El Tribunal Supremo prohíbe a un propietario usar el trastero como aparcamiento
La Sala considera que no tenía autorización ni licencia para dicha actividad que, además, era contraria a la Ley General de Propiedad Horizontal
La Sala de lo Civil del Supremo dicta una sentencia en la que estima el recurso de una comunidad de propietarios y prohíbe a uno de ellos el uso del trastero como plaza de aparcamiento al considerar que no tenía autorización ni licencia para dicha actividad que, además, era contraria a la Ley General de Propiedad Horizontal (LPH).
Los hechos se refieren a una comunidad de propietarios de un edificio de Villena (Alicante) que tenía licencia concedida para 26 plazas de aparcamiento y 26 cuartos trasteros, como certificó la secretaria del ayuntamiento en un documento en el que advertía que “cualquier otra información en cuanto a vehículos alteraría las condiciones de seguridad sobre las que había sido concedida la licencia”.
El antiguo propietario del trastero y de la plaza de garaje número 25 derribó el tabique que los separaba y empezó a guardar dos vehículos, sin autorización de la comunidad, pero dejó de hacerlo después de que ésta hablara con él. Del mismo modo, la comunidad habló con la inmobiliaria que gestionó la venta del garaje a la propiedad demandada para que informara de que compraba un solo garaje y un solo trastero, como constaba en la escritura, y no dos plazas de garaje. Pese a ello, los nuevos propietarios utilizaron el trastero para aparcar un segundo vehículo; por lo que la comunidad los demandó.
Un juzgado de Villena dio la razón a la comunidad y entendió que ese uso ilegítimo mermaba las condiciones de seguridad para los que la licencia de apertura fue concedida y podía llegar a mermar los derechos de los demás vecinos en el supuesto de que tuvieran que utilizar el seguro colectivo, concertado para 26 plazas de aparcamiento de vehículos y 26 trasteros. La Audiencia Provincial de Alicante, por su parte, permitió el uso del trastero como garaje con el argumento de que había otros propietarios que estacionaban varios vehículos y que la comunidad no se había opuesto a ello.
El Tribunal Supremo considera que el criterio de la Audiencia no es correcto y que los demandados no sólo añadieron una plaza de aparcamiento más a las 26 que se describen en el título constitutivo sin el consentimiento de la comunidad, sino que, además, incumplieron las condiciones en las que el ayuntamiento concedió la licencia de apertura para la actividad de garaje privado en el edificio comunitario.
Por lo tanto, “los recurridos hacen algo que no les está permitido y que contraviene las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas, que es el modo en el que se sigue expresando, para describir uno de los tipos de actividades no permitidas, el art. 7.2 LPH, precepto legal que, al contrario de lo que considera la Audiencia Provincial, sí resulta de aplicación en el presente caso”.
Además, que “los recurridos no sean los únicos que aparcan dos vehículos no es óbice a lo anterior ni puede justificar que actúen por la vía de hecho y al margen de las vías legales que están abiertas y a su disposición si consideran que están siendo injustificadamente discriminados o tratados con abuso de derecho por la comunidad, lo que en el presente procedimiento no han planteado en ningún momento”.
(Fuente ElDerecho.com LEFEBVRE)
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9 cuestiones a tener en cuenta sobre la cobertura del seguro en caso de incendio de nuestra vivienda
Según UNESPA, la asociación empresarial del seguro.
El pleno del Gobierno valenciano se reunirá el próximo lunes de manera extraordinaria para aprobar un decreto de ayudas económicas, fiscales y sociales urgentes para los afectados por el incendio de València, según ha anunciado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Entre esas medidas, figuran ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para familias afectadas que tenían en el edificio su vivienda habitual, para sus gastos de primera necesidad; ayudas de 1.000 a 1.500 euros al mes para alquilar una vivienda; y impuesto cero para quienes decidan comprar una vivienda.
Las medidas sociales incluirán asistencia psicológica permanente los próximos meses; reubicación preferente para personas vulnerables que necesiten entrar en una residencia o centro de día; reubicación preferente en colegios si hay que reescolarizar a los niños, transporte gratuito un año en el metro y autobuses interurbanos y atención veterinaria para las mascotas.
En concreto, el Consistorio ha puesto a disposición de los vecinos afectados por el incendio que ha arrasado dos edificios en el barrio de Campanar las 131 viviendas de nueva construcción que esta administración municipal adquirió recientemente en Zafranar, en el distrito de Patraix.
La primera edil ha expuesto también este viernes, tras su visita al puesto de mando avanzado, instalado en las inmediaciones de la zona afectada por el incendio, que el Ayuntamiento trabaja para dar a los vecinos afectados una solución durante los próximos meses, dado que «hay gente que lo ha perdido todo». «No queremos que tengan ni un minuto de incertidumbre», ha resaltado.
En este contexto, con el fin de aclarar cómo actúa el seguro en estas ocasiones, desde la propia UNESPA, la asociación empresarial del seguro, ha lanzado un documento explicando las cuestiones a tener en cuenta en este tipo de percances:
¿Está el incendio cubierto?
Todos los seguros de multirriesgos incluyen la cobertura frente a incendio. Esta protección abarca los daños materiales producidos por un incendio en un inmueble. Además, se cubren los gastos producidos por la extinción del fuego y salvamento.
En el caso de las edificaciones próximas a los bloques incendiados, los seguros de comunidades de propietarios y viviendas también suelen cubrir los daños derivados por el humo.
¿Qué seguros intervienen en este tipo de circunstancias?
Este es un siniestro que se han visto implicados dos bloques enteros de viviendas. Ha afectado, por lo tanto, a la comunidad de propietarios en su conjunto y a los propietarios con carácter individual.
Para atender este caso van a intervenir tres seguros de multirriesgos:
- Seguro de la comunidad de propietarios: cubre los daños en la construcción (paredes, forjados, estructura…) y zonas comunes (portal, escaleras, ascensores, cuartos de instalaciones, jardines, piscina…), tanto de continente (paredes, puertas, ventanas… de las zonas comunes) como del contenido (mobiliario del portal, decoración de las zonas comunes…).
- Seguro del hogar: cubre los daños de continente del piso (paredes, puertas, ventanas…) y del contenido (muebles, electrodomésticos y enseres que hubiera dentro). Los propietarios de las viviendas que se destinaban a alquiler podrían recibir, además, una indemnización por la pérdida de las rentas en las condiciones estipuladas en el contrato (importe, días…).
- Seguro de comercio: cubre los daños de continente del local (paredes, puertas, ventanas…) y los de su contenido (muebles, mercancías que hubiera dentro…). Adicionalmente, si la póliza incluía la cobertura de pérdida de beneficios, el negocio asegurado podrá recibir una indemnización por la paralización de su actividad comercial en las condiciones estipuladas en el contrato (importe, días…) por tratarse de un daño material.
Por su parte, los propietarios del local alquilado podrían recibir una indemnización por la pérdida de las rentas en las condiciones estipuladas en el contrato (importe, días…) si hubieran contratado esta cobertura.
La Policía Judicial determinará a través de su investigación si, además, existe algún tipo de responsabilidad relacionada con el inicio y propagación del incendio que pueda dar lugar a que intervenga algún seguro de responsabilidad civil adicional.
Por otra parte, si alguna de las personas fallecidas tenía un seguro de vida o accidentes, su aseguradora indemnizará a los beneficiarios que hubiera designado en el contrato.
¿Cómo me entero de con quién tenía el seguro?
Si el asegurado no recuerda con quién tenía el seguro de hogar o comercio, puede contactar con su mediador habitual para que le informe (agente, corredor o entidad bancaria). Otra opción es consultar los movimientos en la cuenta corriente para ver qué aseguradora emitió el cargo.
¿Cuánto me van a pagar?
Las aseguradoras de la comunidad de propietarios y de cada uno de los pisos y locales indemnizarán los daños producidos, pero los importes desembolsados no podrán superar en ningún caso el valor del bien destruido o del límite estipulado en el contrato. Es decir, del llamado “capital asegurado” o “suma asegurada”.
¿Quién tiene que indemnizar los daños?
En principio, la aseguradora de la comunidad de propietarios y las aseguradoras de cada una de las viviendas y locales serán quienes se ocupen de desembolsar las indemnizaciones. Las aseguradoras implicadas se coordinarán entre ellas.
¿Qué es el capital asegurado?
El “capital asegurado” o “suma asegurada” es la cuantía máxima que pagará la aseguradora por los daños que se han producido en un bien. En este caso, hay que considerar el capital asegurado de la póliza de la comunidad de propietarios, por un lado, y el que figura en cada uno de los seguros de hogar o comercio de los propietarios de la comunidad.
Tenía mi piso o mi local alquilado y he perdido la renta que me pagaban los inquilinos
Los propietarios que destinaban su vivienda o local a alquiler y lo tenían así especificado en su contrato de seguro, podrían recibir una indemnización por la pérdida de las rentas en las condiciones estipuladas en el contrato (importe, días…).
Me he quedado sin casa: ¿Dónde me voy a vivir?
Es posible que los seguros de los propietarios de viviendas que tuvieran un seguro de hogar incluyan la cobertura de inhabitabilidad. En estos casos, su aseguradora les proporcionará ayuda para buscar un alojamiento temporal. Habitualmente, para unos días.
El alcance de esa ayuda dependerá de las condiciones estipuladas en el contrato (importe, días, etc.). Es importante conservar los recibos de los gastos en que se incurra para acreditarlos después.
Soy familiar de uno de los fallecidos: ¿Cómo me entero de si tenía seguro de vida o accidentes?
El Ministerio de Justicia dispone de un Registro de seguros con cobertura de fallecimiento donde se informa de si un fallecido tenía un seguro de vida o accidentes a título individual y, en tal caso, con qué aseguradora.
Con esta información, las personas interesadas pueden consultar a la entidad si ellos son, efectivamente, el beneficiario del contrato. En caso de serlo, la aseguradora procederá a desembolsarles la indemnización correspondiente.
Por otra parte, si el fallecido se encontraba en activo, es posible que su empresa contara con un seguro de vida colectivo. Por esta razón, es conveniente consultar al empleador. En caso de ser beneficiario de un seguro de vida colectivo, se debe contactar con la aseguradora en cuestión, que se ocupará de entregar la indemnización a los beneficiarios designados.
(Fuente ECONOMIST & JURIST)
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El Tribunal Supremo tumba la tributación por los impuestos nulos
Deben imputarse temporalmente en el ejercicio en el cual se realizó el pago del tributo.
Parece que fue ayer cuando conocimos aquella sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que anulaba el impuesto conocido popularmente como “céntimo sanitario”. Sin embargo, diez años después aún sigue dando que hablar, esta vez lo hace acompañado de otros impuestos que junto a él forman la familia de impuestos nulos, una familia que desgraciadamente se está haciendo con el lugar de familia tradicional en nuestro sistema tributario.
Todos esos impuestos comparten algo en común, el tiempo y largo proceso al que se enfrentan sus reclamaciones. Desde su abono por el contribuyente, hasta que se conocen los pronunciamientos de las máximas instancias pueden transcurrir muchos años, tantos que, son declarados nulos cuando han transcurrido más de esos cuatro años del conocido plazo de prescripción, es después cuando el contribuyente consigue su devolución en muchos casos.
Criterio de la administración
Durante todo ese tiempo se ha venido planteado una importante cuestión, que es la siguiente: Cuando el contribuyente obtiene su devolución, constituyen un ingreso, pero: ¿Se tienen que imputar al periodo impositivo donde se devuelve ese impuesto o bien se deben imputar al período impositivo donde el mismo fue pagado por el contribuyente?
Es una cuestión de gran relevancia, porque en función de la respuesta, ese ingreso podría imputarse a un ejercicio prescrito y en consecuencia no tributar el contribuyente por su devolución.
Pues bien, el criterio de la administración ha sido que, correspondía su imputación como ingreso en el período impositivo donde se obtenía la devolución, válgase por todas la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos V0738-22. En su respuesta, la administración se remite a la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, ya que, el artículo 28.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, por lo que su respuesta es criterio tanto para ese consultante del Impuesto sobre la Renta que ejercía una actividad económica en estimación directa (no así bajo el régimen conocido popularmente como de módulos, véase la Consulta Vinculante número V2786-19) como para una empresa que tributa en el Impuesto sobre Sociedades.
Su criterio tenía tantos argumentos a favor que, recientemente el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en resolución de 18 de diciembre de 2023, con relación a una de esas figuras que forman nuestros llamados impuestos nulos, reiteraba un criterio de 23 de marzo de 2022, lo hacía en los siguientes términos:
“La STC (sentencia del Tribunal Constitucional), en cuanto al alcance concreto que debe atribuirse a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad dice que únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía en ellos una resolución administrativa o judicial firme.
Ante tal restricción de los efectos de la nulidad que dispone la propia STC, es procedente considerar que tales ingresos (las devoluciones obtenidas como consecuencia de esa declaración de inconstitucionalidad recogida en la STC) han de imputarse temporalmente en los ejercicios en que se han obtenido, y no procede imputarlos a los ejercicios en que se satisficieron esos impuestos declarados inconstitucionales».
Tribunal Económico Administrativo Central
El TEAC, apoyándose en argumentos adicionales como los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, era partidario de ese criterio de imputación en el ejercicio de devolución y, por tanto, tributando el contribuyente por ello.
Sin embargo, el Tribunal Económico finalizaba aquella resolución haciéndose eco de un hecho importante. Y este no era otro que el Tribunal Supremo se pronunciaría sobre la imputación temporal de la devolución de un impuesto acordada por haber sido declarado contrario al derecho de la Unión Europea, previendo que, sería posible asumir y extender la doctrina que dictase el Tribunal Supremo a un caso como el que había tratado referido al Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente (IIMA).
Y no iba mal encaminado el TEAC, ya que, así lo ha hecho el Tribunal Supremo en reciente sentencia de 6 de febrero de 2024, estableciendo la siguiente doctrina:
“La imputación temporal a efectos del Impuesto de Sociedades de las cantidades devueltas por la Administración tributaria, como consecuencia del ingreso indebido de un tributo efectuado por el contribuyente tras la declaración de no ser conforme al Derecho de la Unión Europea del citado tributo, deben imputarse temporalmente en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que se produjo el pago del tributo en cuestión".
Cierto es que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre un impuesto contrario al derecho de la Unión, pero sus implicaciones creo que no deben ser distintas para un impuesto declarado inconstitucional, aunque los efectos de esa declaración estén limitados en el tiempo.
Ambos son impuestos nulos y los principios que rigen la imputación de una renta no pueden depender de ello. En efecto, la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades establece en el primer apartado de su artículo 11 lo siguiente:
«Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida correlación entre unos y otros».
En virtud de ese precepto, en primer lugar, el devengo se produce cuando el contribuyente pagó el impuesto declarado nulo, en ese momento nació su derecho.
En segundo lugar, ¿Qué es correlación de ingresos y gastos? Simplemente es el resultado de un período, por diferencia entre los ingresos menos los gastos realizados para la obtención de aquéllos y, en este caso, tristemente gasto realizado no para la obtención de un ingreso sino más bien para ser devuelto.
La sentencia del Tribunal Supremo reciente trata un caso sobre el Impuesto sobre Sociedades, pero en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas también debe ser de aplicación para los contribuyentes que ejerzan una actividad económica en estimación directa. Una buena e importante noticia para los contribuyentes, que en muchas ocasiones no tendrán que unir a ese largo proceso de reclamación, además, la tributación por obtener la devolución del impuesto declarado nulo. Dependerá de si el derecho nació en un ejercicio prescrito.
Por supuesto, no nos olvidamos de aquellos que imputaron el ingreso en el ejercicio de devolución, cuando correspondía hacerlo a un ejercicio prescrito. Esos contribuyentes, por ejemplo, si lo son del impuesto sobre sociedades, pueden solicitar la rectificación de su autoliquidación, con la correspondiente solicitud de devolución de ingresos indebidos si el ejercicio donde imputaron el ingreso erróneamente aún no está prescrito, sin olvidar algo importante:
La rectificación que realicen los contribuyentes es de otro concepto tributario, el impuesto sobre sociedades, dentro de su base imponible se encuentra ese ingreso y, la cantidad resultante de su rectificación tampoco debe tributar, gasto e ingreso por impuesto sobre sociedades van unidos de la letra b) en el artículo 15 de esa Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.
Por esta última razón, a pesar de lo que se cree, esta doctrina no afectará a las cantidades que se puedan percibir por la inconstitucionalidad de varios preceptos de ese Real Decreto-ley 3/2016, ya que esas cantidades serán devoluciones del propio impuesto sobre sociedades. Por último, no nos olvidemos de los intereses de demora, por ellos se tributará en función de los períodos de devengo.
(Fuente ECONOMIST & JURIST)
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Registro diario de jornada: 5 años de conflictos (y los que están por venir)
La normativa, que exige a las empresas registrar diariamente las horas de trabajo de sus empleados, ha generado tensiones en la jurisdicción social debido a la interpretación de la 'fiabilidad' y 'objetividad'
Han pasado casi cinco años (desde el 12 de mayo de 2019) y la conflictividad en la jurisdicción social en torno al registro diario de jornada (especialmente el cumplimiento de la “fiabilidad” y “objetividad”) sigue siendo elevada, a lo que se suman los cambios que están por venir.
La empresa está obligada a registrar diariamente la jornada de trabajo de todos los empleados. Ese registro, según establece expresamente la normativa, debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada empleado. Además, la empresa deberá conservar los registros durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Hay que tener en cuenta que el registro diario de jornada es obligatorio tanto en modelos de trabajo presencial como en teletrabajo 100% remoto o en modelos híbridos (art. 34.9 del ET y art. 14 de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia).
Registro diario y los 3 requisitos que se deben cumplir
Además de tener en cuenta lo que pueda disponer el convenio colectivo de aplicación en la empresa, la Inspección de Trabajo (Criterio Técnico 101/2019 sobre actuación de la Inspección en materia de registro de jornada) ha dejado claro que el registro tiene que ser diario, no siendo aceptable la exhibición del horario general de aplicación en la empresa, el calendario laboral o los cuadrantes horarios elaborados para determinados periodos.
Por otro lado, aunque la obligación de realizar el registro de jornada está contemplada en el art. 39.4 del Estatuto de los Trabajadores, es fundamental “recordar” que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado expresamente sobre esta cuestión, dejando claro que el registro debe ser «objetivo» y «fiable» (STJUE de 14 de mayo de 2019. Asunto C-55/18)
En este sentido, recogiendo lo dispuesto por el TJUE, el Tribunal Supremo ha sentenciado que la correcta aplicación de la Directiva 2003/88, exige que el sistema de registro de jornada cumpla con los requisitos de ser (STS de 18 de enero de 2023):
Objetivo
Fiable
Accesible
Aunque en el caso concreto enjuiciado, se desestima la demanda interpuesta por el sindicato y se determina la licitud del sistema, lo importante de la sentencia del Tribunal Supremo es que deja claro que “la consecuencia jurídica, aunque no lo mencione específicamente el art. 39.4 ET, no puede ser otra que la de entender que cualquier sistema de registro de jornada -ya sea pactado o adoptado por la empresa-, deberá cumplir necesariamente con todos y cada uno de esos tres requisitos, debiendo declararse en caso contrario su ilegalidad”.
¿Y si la empresa incumple la obligación de registrar la jornada?
Se considera infracción grave no llevar un registro horario de las jornadas de trabajo de sus empleados. Esto conlleva una multa que puede ir desde 751 euros a 7.500 euros. Pero además, si se entiende que se han hecho horas extras que no se han abonado o compensado con descansos, esto derivaría en una consecuencia aún más gravosa para las empresas.
Y en este sentido, hay que tener en cuenta que el registro diario de jornada es uno de los focos de atención de la Inspección de Trabajo, por lo que es fundamental que las empresas cumplan adecuadamente con esta obligación
Otra consecuencia es que tenemos diversas sentencias que determinan que si una empresa incumple la obligación legal de llevar un registro de jornada de sus empleados, se presume que los trabajadores a tiempo parcial están en realidad a tiempo completo. Y esa presunción solo quedará descartada cuando el empleador acredite, sin ninguna duda, el carácter parcial del trabajo que aquellos efectúen (entre otras, STSJ de Galicia de 6 de febrero de 2023).
Además, el incumplimiento del registro diario de jornada puede conllevar a que se puedan entender incumplidas otras obligaciones laborales como es el caso por ejemplo del derecho a la desconexión digital. Hay que recordar en este sentido que todas las empresas (sea cual sea su número de personas trabajadoras en plantilla) están obligadas a elaborar un protocolo de desconexión digital, una de las obligaciones laborales más incumplidas.
El registro de jornada opera para las dos partes
La obligación de realizar el registro diario de jornada recae en las empresas. Ahora bien, las personas trabajadoras deben cumplir con las instrucciones dadas por la empresa a la hora de fichar su jornada y, si no lo hacen, pueden ser sancionadas (llegando incluso al despido si las instrucciones han sido claras y ha habido reiteración en el incumplimiento).
Por ejemplo, se ha ratificado la declaración de procedencia del despido de una trabajadora que, pese a reiteradas advertencias (y entre otros incumplimientos), no registraba diariamente su jornada en la aplicación implantada por la empresa para realizar el registro diario de jornada (STSJ de Asturias de 12 de diciembre de 2023).
En este sentido, si hay empleados que no fichan o se les olvida fichar, es aconsejable que la empresa envíe un recordatorio general de la política de fichajes y el modo de hacerlo a toda la plantilla (así como recordatorios periódicos por escrito, o colgarlos en la internet, enviarlos por mail… para que quede constancia).
Además, si hay algún empleado concreto que persiste en su actitud de no fichar o no hacerlo de la manera adecuada y conforme a la política establecida en la compañía, puede realizarse una amonestación (por escrito para que quede constancia) y advertirle que si sigue incumpliendo su obligación de registrar su jornada diaria, la empresa podrá sancionarle.
En este sentido, aquí hay que recordar la doctrina sobre los “despidos sorpresivos”, es decir, lo que no cabría es recurrir a un despido disciplinario por no fichar o no hacerlo correctamente si se ha venido aceptando esta práctica. Primero habrá que recordar que es obligatorio fichar y advertir que se va a sancionar, pudiendo llegar al despido en caso de incumplimientos reiterados.
Por otro lado, si la persona trabajadora falsea el registro de jornada, cabe sancionarle, incluso con el despido. Ya tenemos diversas sentencias declarando procedente el despido disciplinario por falsear el registro de jornada (fichar antes de tiempo, fichar horas no realizadas…). Entre otras, la STSJ de Madrid de 22 de septiembre de 2022; en ese caso, se aporta prueba de detectives).
Y a lo anterior se suma que cabe descontar de la nómina los retrasos utilizando el sistema de registro de jornada. El Tribunal Supremo ha sentenciado que cabe descontar directamente de las nóminas mensuales de los trabajadores los retrasos en el fichaje de entrada. Entiende el TS que no constituye una multa de haber (sent. del TS de 27 de mayo de 2021).
¿Registro de jornada por huella dactilar?
La AEPD ha puesto muy difícil en la práctica poder realizar el registro diario de jornada mediante sistemas biométricos (como es el caso de fichar mediante huella dactilar) (Guía Tratamientos de control de presencia mediante sistemas biométricos 23/11/2023)
En esta guía, se fijan los criterios para la utilización de la biometría para el control de acceso, tanto con fines laborales como no laborales, estableciendo las medidas que tenerse en cuenta para que un tratamiento de datos personales que utilice esa tecnología cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entre otras normativas.
Tal y como se especifica en la guía:
- La utilización de datos biométricos supone un tratamiento de categorías especiales de datos de alto riesgo y, por tanto, para poder recurrir a este sistema hay que cumplir una serie de requisitos y garantías.
- El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impone límites estrictos para el tratamiento de categorías especiales de datos, y la superación del análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad
- En el caso de registro de jornada y control de acceso con fines laborales, si el levantamiento de la prohibición se basa en el artículo 9.2.b) del RGPD, el responsable debe contar con una norma con rango de ley que autorice específicamente utilizar datos biométricos para dicha finalidad.
- En el marco de estos tratamientos, el consentimiento no puede levantar la prohibición o ser una base para determinar la licitud de este, al existir un desequilibrio entre la persona a la que se somete al tratamiento y quien lo está llevando a cabo.
- En caso de pretender captar datos biométricos, de forma previa al inicio del tratamiento, será obligatoria la realización de una evaluación de impacto para la Protección de Datos en la que, entre otros aspectos, se acredite la superación del triple análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad del tratamiento.
- En cuanto al control de presencia, en las opciones de implementar un tratamiento hay que considerar, entre otros, la utilización de recursos humanos, las garantías jurídicas y los procedimientos organizativos.
Por lo tanto, en la evaluación de alternativas equivalentes y menos intrusivas se han de explorar opciones que no sean solo tecnológicas.
En definitiva, es aconsejable utilizar medios de registro de jornada menos invasivos e intrusivos y, en todo caso, si una empresa está utilizando el sistema de registro de jornada mediante huella dactilar o se plantea utilizar dicho sistema, es aconsejable que consulte con expertos en protección de datos para asegurarse de cumplir con todos los requisitos y garantías.
¿Y en el futuro? Los cambios que se avecinan
Justo esta semana, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado una propuesta para introducir importantes modificaciones en torno a la obligación de cumplir con el registro diario de jornada.
Entre las medidas que se barajan está eliminar expresamente la posibilidad de realizar el registro diario de la jornada en papel, endurecer las sanciones por incumplimiento (que la sanción sea por trabajador y no por empresa) y permitir el acceso de la Inspección de Trabajo al registro horario por control remoto (digitalización). La propuesta está ligada además a la reducción gradual de la jornada hasta las 37,5 horas pero en todo caso habrá que ver cómo se materializa en la práctica y en qué queda la medida.
(Fuente ECONOMIST & JURIST)
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LA EMPRESA PUEDE OBLIGAR AL TRABAJADOR A QUE LE INFORME DE SU BAJA MÉDICA
Como ya sabéis, no existe obligación del trabajador de entregar el parte de baja, pero ha salido nueva sentencia de la Audiencia Nacional (SAN 6652/2023 del 18/12/2023) sobre esto:
El hecho de que ya no exista la obligación del trabajador de entregar el parte de baja, no significa que la empresa no pueda obligar al trabajador a avisar que le han dado la baja médica (SAN 18 de diciembre de 2023).
El RD 1060/2022 elimina la obligación del trabajador de entregar copia de baja médica pero otra cosa distinta es «avisar» que está de baja médica. Y cabe exigir al trabajador que comunique esa situación de baja.
En concreto, sobre el aviso del inicio de un proceso de IT razona la AN lo siguiente:
Véase que la comunicación remitida por la empresa, ponía en conocimiento de la plantilla que a partir del 1 de abril de 2023, desaparece la obligación de entregar a la empresa los partes de baja, confirmación y alta médica, todo ello en consonancia con las previsiones contenidas en el RD 1060/2022, de 27 de diciembre, art. único, punto tres, por el que se modifica el art. 7 del RD 625/2014, de 18 de julio.
La comunicación remitida posteriormente en mayo de 2023 lo que dice es que» (y) si se trata de una baja médica debes informar al Departamento de turnos de tu centro de trabajo». De nuevo se produce la confrontación del término «justificar» la baja, que continúa realizándose mediante la entrega a la empresa del parte correspondiente por parte de los Servicios Públicos de Salud o Mutuas, con el término «INFORMAR» de la misma, en una clara intención de puesta en conocimiento inmediata de un proceso de baja que repercute de forma evidente en la organización del trabajo.
Una cosa es "justificar" la ausencia (probar algo con razones convincentes, testigos o documentos), según la RAE y otra distinta "comunicar" la ausencia (descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo).
Preavisar permite a la empresa conocer, en cuanto sea posible, su uso; permite la adopción de medidas precisas para adecuar los turnos de trabajo a las circunstancias derivadas del empleo de dichas horas por un trabajador y beneficia al propio empleado (el conocimiento veraz del uso de horas impide que se adopten medidas por ausencias injustificadas).
Además, el preaviso de la ausencia implica el ejercicio del derecho bajo los cánones de la buena fe, que ha de regir la relación laboral ex art. 5.1 a) ET.
No existe duda de que dicha comunicación persigue precisamente evitar perjuicios en esta última, pues la información del inicio del proceso se ha de realizar al «departamento de turnos», que es quien organiza los mismos para un adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas.
No altera el RD 1060/22, es acorde con la adecuada organización del servicio y no supone perjuicio alguno.
(Fuente Mutua Universal)
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