El sinfín de dudas legales sobre los patinetes eléctricos: ¿es delito conducirlos sin carnet? ¿hace falta seguro?17/10/2020

El sinfín de dudas legales sobre los patinetes eléctricos: ¿es delito conducirlos sin carnet? ¿hace falta seguro?

La falta de una normativa única multiplica las sentencias contradictorias sobre estos vehículos. Según sus características, sus conductores se enfrentan a importantes multas o, incluso, a penas de prisión

El boom de los patinetes eléctricos como medio de transporte urbano está generando algunos problemas de convivencia. Los accidentes provocados por estos vehículos se han triplicado en grandes ciudades como Barcelona. Pero, si bien es cierto que la mayoría de los ayuntamientos se han apresurado a aprobar una normativa que regule su uso dentro del municipio, existen aún importantes y numerosas dudas legales sobre los requisitos que deben cumplir sus conductores. Dependiendo de las características del patinete, estos se pueden enfrentar a cuantiosas multas administrativas e, incluso, penas de prisión.

El principal problema está en que no hay una regulación estatal que aclare cuándo deben contar con licencia de circulación o carnet y seguro de responsabilidad civil obligatorio. Esta situación genera mucha incertidumbre y fallos contradictorios en los tribunales. En una sentencia de marzo, la Audiencia Provincial de Murcia absolvía al conductor de un patinete, marca Citycoco, de un delito de conducción sin carnet (sin puntos) por la “existencia de dudas sobre la consideración del vehículo conducido como un ciclomotor”. Sin embargo, en septiembre, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vigo confirmaba una multa de 601 euros al conductor de un patinete del mismo modelo por carecer de seguro. El demandante fue denunciado por la policía local cuando circulaba con el artefacto. En su sentencia, el juez argumentó que se trataba de un vehículo “al menos de la categoría de ciclomotor, que, en cuanto a tal, exige la contratación de un seguro obligatorio”.

¿Cuándo son obligatorios un seguro y conducir con carnet?

En principio, simplificándolo mucho, el seguro y permiso de circulación es obligatorio para aquellos patinetes que alcancen una velocidad superior a 25 Km/h. Así se desprende del reglamento europeo sobre homologación de vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos (Reglamento 168/2013). Según la interpretación dada por la Dirección General de Tráfico (DGT) en una Instrucción de diciembre de 2019, los patinetes con velocidad superior a 25 Km/h son asimilados a un ciclomotor y, por tanto, deben circular con seguro de responsabilidad civil. Otra característica que, según la instrucción, convierte en ciclomotor a uno de estos vehículos es que tengan un sillín a una altura mínima de 54 cm

No existe obligación, en cambio, para patinetes de menos de 6 Km/h, considerados juguetes, y tampoco para aquellos que superen dicha velocidad, pero no alcancen los 25 Km/h, tratados como vehículos de movilidad personal (VPM).

El problema es que se trata de una instrucción que aún no ha sido incorporada al Reglamento General de Circulación, cuya reforma está en fase de proyecto. Esta situación, en cambio, no exime a los conductores de estos vehículos de cumplir con estos requisitos. Así lo explica el fiscal Pablo Alfonso Lanzarote, que subraya que, en todo caso, “el reglamento europeo es aplicable directamente”. Además, como agrega Jesús Lorenzo, letrado en Aboga2, “el propio reglamento habilita a la DGT para publicar este tipo de instrucciones”.

Este es un tema muy contradictorio y discutible, señala Lanzarote, porque la ley de industria no les exige homologación y, por tanto, matriculación y autorización, y, por otro lado, las ordenanzas municipales prohíben su circulación por las vías públicas. “Pero está claro que no son juguetes, y que tienen una capacidad innegable de producir daños a terceros, por lo que no pueden comercializarse como tales”, sentencia. En conclusión, aquellos conductores de modelos de patinetes eléctricos que de fábrica, o por manipulación, alcancen los 25 km/h tienen que contar con licencia y seguro.

¿A qué multas se enfrentan los infractores?

Las multas administrativas por conducir sin seguro pueden ser muy elevadas. Los propietarios se enfrentan a sanciones que oscilan entre 600 y 3.000 euros, así como a la inmovilización y depósito del vehículo. A esta suma hay que añadir la sanción por circular sin carnet, que suele ser de 500 euros. Por tanto, una denuncia puede suponer una multa mínima de unos 1.500 euros.

Además, apunta Lorenzo, si se quiere recuperar el patinete, habrá que contratar un seguro, aportarlo y pagar la tasa por retirada del depósito de la grúa municipal. El letrado recomienda, en todo caso, la contratación de un seguro. El riesgo de sufrir un accidente es elevado y habrá que hacer frente a la indemnización para reparar el daño. “Hay que tener en cuenta que, si el conductor es menor, los responsables subsidiarios son los padres”.

Otras sanciones

Los conductores de patinetes eléctricos deben tener en cuenta, además, las ordenanzas de movilidad del municipio en el que circulen. Algunas ciudades imponen una edad mínima de 15 o 16 años para llevarlos. Asimismo, se establece limitaciones en cuanto a las vías que pueden utilizar. Incluso, puede suceder que, al desplazarse de un municipio a otro, el conductor del patinete deba cambiar de carril para adaptarse a la normativa vigente. En ningún caso, manifiesta Lorenzo, pueden circular por las aceras. Como señala solo pueden compartir vía con las personas aquellos vehículos que circulen al paso de los peatones.

¿Qué delitos se pueden cometer?

Los delitos contra la seguridad vial del Código Penal son aplicables a los “vehículos de motor o ciclomotores”. A estos efectos, como explica el fiscal Lanzarote, resulta irrelevante que el vehículo no haya sido homologado ni que, por tanto, esté matriculado.

En concreto, se puede incurrir en un delito de conducción sin carnet vigente o sin puntos del artículo 384 del Código Penal, o el de circular bajo los efectos del alcohol o las drogas. Los infractores se  enfrentan a penas de prisión de tres a seis meses o multa. La cuestión es si estos patinetes son o no “vehículo de motor o ciclomotores”. Como explica el fiscal, en este tipo de delitos de riesgo, lo que tendrá que valorar el juez es “la potencialidad lesiva” del artefacto. En este sentido, los jueces tienen “plena autonomía” para interpretar las normas “de acuerdo con lo que se trata de proteger por el tipo penal”. Hay que tener en cuenta que en todos estos casos la pena suele incluir la retirada del carnet.

Por otro lado, añade Lorenzo, también se puede incurrir en un delito de lesiones (regulado en el artículo 152 del Código Penal). Por último, no hay que olvidar que los conductores pueden ser castigados si se niegan a someterse a las pruebas de alcohol o drogas tóxicas, que, conforme al artículo 383 del Código Penal, conlleva una pena de prisión de seis meses a un año.

Desconocimiento

¿Es posible alegar desconocimiento para evitar una sanción administrativa o una penal? En principio, como apunta Lorenzo, “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”.

Ahora bien, explica el fiscal, habría que ver “cuál es el conocimiento que resulta exigible al ciudadano de toda esta normativa, y, por tanto, la procedencia de la sanción por su incumplimiento”. En procedimientos penales, incluso, se podría alegar un “error” que implicaría la falta de culpabilidad.

(Fuente El País)

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Soportar retrasos continuados en la nómina y llegar a un acuerdo no priva del derecho a litigar17/10/2020

Soportar retrasos continuados en la nómina y llegar a un acuerdo no priva del derecho a litigar

Aceptar un salario que por costumbre llega tarde no implica que el trabajador renuncie a acudir a tribunales. Así lo ha establecido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en una reciente sentencia, donde niega que aceptar las nóminas atrasadas e incluso llegar a un acuerdo al respecto con la empresa suponga un consentimiento tácito de los abusos anteriores. 

En el fallo (de 10 de septiembre, disponible aquí), el alto tribunal resuelve el recurso para la unificación de doctrina de dos trabajadores de una empresa maderera, que recibieron nóminas atrasadas y fraccionadas durante un periodo de tres años. 

Tras presentar recurso de suplicación (el juez desestimó la demanda), el TSJ de Castilla-La Mancha dio la razón a la empresa y consideró que la demora no era relevante, porque no comportaba pérdida salarial efectiva. Además resalzó que se alcanzó un acuerdo para fijar la fecha de abono salarial en los primeros cinco días del mes siguiente al devengo. De ello colige no cabe apreciar ni gravedad ni trascendencia en el incumplimiento empresarial. 

La corrección del Supremo

La Sala del Supremo corrige al TSJ y zanja que ningún acuerdo firmado a posteriori priva a los trabajadores de su derecho a denunciar los abusos anterioresTampoco es excusa para el retraso la situación de concurso que atravesaba la empresa.

El acuerdo, dicta la Sala, ni convalida la situación preexistente, ni tampoco ampara el pago diferido y fraccionado de los salarios en los términos en que habían venido soportando los trabajadores. Existe incumplimiento suficiente como para resolver el contrato laboral, concluye el Supremo. 

Que los trabajadores vengan soportando una situación de impago o pago con retraso no les priva de su derecho al acceso al litigio cuando se mantiene la actitud incumplidora de la empresa en el momento de interposición de la demanda; incluso el alto tribunal va más allá y afirma que la perpetuación de esta conducta por parte de la empresa abunda en la gravedad de su incumplimiento.

Además, la Sala destaca que la actitud de la empresa estaba huérfana de todo viso de bilateralidad al no constar ni siquiera una mínima aquiescencia del trabajador frente al incumplimiento empresarial y el acuerdo se alcanza tras ser reiterado el impago.

La estimación del recurso implica declarar extinguidos los contratos de trabajo. Condena a la empresa a indemnizar a los trabajadores demandantes conforme a lo dispuesto en los arts. 50.2 y 56.1 ET y 110.1 LRJS, teniendo en cuenta que, dada la fecha de inicio de las relaciones laborales de los actores, es aplicable la Disp. Trans. 11ª ET.

(Fuente Noticias Jurídicas)

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La 'Tasa Google': así será el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales17/10/2020

La 'Tasa Google': así será el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprobado por la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (en adelante LIDSD), y conocido como Tasa Google es un tributo indirecto que grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto.

Hecho imponible y exclusiones

De acuerdo con los artículos 5 y 6 LIDSD, estarán sujetas al impuesto las prestaciones de los servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del mismo efectuadas por los contribuyentes de este impuesto.

No estarán sujetas al impuesto:

• Las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario.

• Las entregas de bienes o servicios subyacentes entre los usuarios, en el marco de un servicio de intermediación en línea.

• Las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago.

• ,Las prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras reguladas.

• Las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por entidades financieras reguladas.

• Las prestaciones de servicios digitales cuando sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%.

Los supuestos de no sujeción al impuesto pueden modificarse por LPGE (DF 3ª LIDSD).

Contribuyentes

Son contribuyentes del impuesto las empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere, el primer día del periodo de liquidación, los 750.000.000 € y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los 3.000.000 €, aplicando las reglas de determinación de la base imponible establecidas en el artículo 10 LIDSD.

Durante el período comprendido entre el 16 de enero y el 31 de diciembre de 2021, a efectos de determinar el cumplimiento del umbral de los 3.000.000 €, se tendrá en cuenta el importe total de los ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto desde la entrada en vigor de esta Ley hasta la finalización del plazo de liquidación elevados al año (DT única LIDSD).

En los casos de entidades que formen parte de un grupo, los importes de los umbrales a tener en cuenta serán los del grupo en su conjunto (artículo 8 LIDSD).

Los umbrales cuantitativos que determinan la condición de contribuyente del impuesto pueden modificarse por LPGE (DF 3ª LIDSD).

Devengo

El impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

En las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos (artículo 9 LIDSD).

Tipo impositivo

3% que se aplica a la base imponible para obtener la cuota íntegra del Impuesto (artículos 11 y 12 LIDSD).

El tipo impositivo puede modificarse por LPGE (DF 3ª LIDSD).

Base imponible

La base imponible se determinará a partir de los ingresos obtenidos por la prestación de los siguientes servicios aplicando las reglas definidas en el artículo 10 LIDSD:

• Servicios de publicidad en línea. Se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de veces que aparezca la publicidad en dispositivos que se encuentren en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de veces que aparezca dicha publicidad en cualquier dispositivo, cualquiera que sea el lugar en que estos se encuentren

• Servicios de intermediación en línea:

- Si existe facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que intervengan en ese servicio, cualquiera que sea el lugar en que estén situados.

- En los demás servicios de intermediación en línea, por el importe total de los ingresos derivados directamente de los usuarios cuando las cuentas que permitan acceder a la interfaz digital utilizada se hubieran abierto utilizando un dispositivo que se encontrara en el momento de su apertura en el territorio de aplicación del impuesto.

• Servicios de transmisión de datos. Se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios que han generado dichos datos que estén situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que hayan generado dichos datos, cualquiera que sea el lugar en que estén situados

Para determinar el importe de los ingresos se excluye el IVA o impuestos equivalentes.

En entidades de un mismo grupo, será el valor de mercado.

La base imponible se determinará por el método de estimación directa, sin más excepciones que las establecidas en las normas reguladoras del método de estimación indirecta de las bases imponibles.

Fijación provisional de la base imponible

Si el importe de la base imponible no resultara conocido en el periodo de liquidación, el contribuyente deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios fundados que tengan en cuenta el periodo total en el que van a generarse ingresos derivados de esas prestaciones de servicios digitales, sin perjuicio de su regularización cuando dicho importe fuera conocido, mediante autoliquidación correspondiente a ese periodo de liquidación.

La regularización deberá realizarse como máximo en el plazo de los 4 años siguientes a la fecha de devengo del impuesto correspondiente a la operación (artículo 10.3 LIDSD).

Declaraciones trimestrales

Se liquidará trimestralmente de acuerdo con Orden Ministerial que se aprobará (artículo 14 LIDSD).

Obligaciones formales

El artículo 13 LIDSD establece una serie de obligaciones formales, cuyos requisitos, límites y condiciones se determinarán reglamentariamente:

a) Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades.

b) Solicitar NIF, y comunicarlo y acreditarlo.

c) Llevar los registros.

d) Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus servicios digitales.

e) Nombrar un representante en caso de contribuyentes no establecidos en la Unión Europea.

f) Conservar, durante el plazo de prescripción previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones. En particular, los medios de prueba que permitan identificar el lugar de prestación del servicio.

g) Traducir al castellano, o a cualquier otra lengua oficial, cuando así lo requiera la Administración tributaria, las facturas, contratos o documentos acreditativos correspondientes a prestaciones de servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.

h) Establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.

Se establecen infracciones graves específicas

Constituye infracción tributaria grave, el incumplimiento de la obligación de establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto, establecida en el artículo 13.1.h) LIDSD.

La sanción por la comisión de la anterior infracción consistirá en multa pecuniaria del 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior, tal y como se establece en el artículo 8 LIDSD, con un mínimo de 15.000 € y un máximo de 400.000 €, por cada año natural en el que se haya producido el incumplimiento.

Podrá ser objeto de reducción conforme al artículo 188.3 LGT 2003.

Otras infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la LGT.

La ley aclara una serie de conceptos y definiciones

El artículo 4 LIDSD precisa que a efectos de esta Ley, se entenderá por:

Contenidos digitales: los datos suministrados en formato digital, como programas de ordenador, aplicaciones, música, vídeos, textos, juegos y cualquier otro programa informático, distintos de los datos representativos de la propia interfaz digital.

Dirección de Protocolo de Internet (IP): código que se asigna a los dispositivos interconectados para posibilitar su comunicación a través de Internet.

Grupo: conjunto de entidades en el que una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

Interfaz digital: cualquier programa, incluidos los sitios web o partes de los mismos, o aplicación, incluidas las aplicaciones móviles, o cualquier otro medio, accesible a los usuarios, que posibilite la comunicación digital.

Servicios digitales: se considerarán como tales exclusivamente los de publicidad en línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos.

Servicios de publicidad en línea: los consistentes en la inclusión en una interfaz digital, propia o de terceros, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz.

Cuando la entidad que incluya la publicidad no sea propietaria de la interfaz digital, se considerará proveedora del servicio de publicidad a dicha entidad, y no a la entidad propietaria de la interfaz.

Servicios de intermediación en línea: los de puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética (que permita interactuar con distintos usuarios de forma concurrente) que facilite la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, o que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos.

Servicios de transmisión de datos: los de transmisión con contraprestación, incluidas la venta o cesión, de aquellos recopilados acerca de los usuarios, que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.

Usuario: cualquier persona o entidad que utilice una interfaz digital.

Publicidad dirigida: cualquier forma de comunicación digital comercial con la finalidad de promocionar un producto, servicio o marca, dirigida a los usuarios de una interfaz digital basada en los datos recopilados de ellos. Se considerará que toda la publicidad es «publicidad dirigida», salvo prueba en contrario.

Servicios financieros regulados: servicios financieros para cuya prestación está autorizada una entidad financiera regulada.

Entidad financiera regulada: prestador de servicios financieros que está sujeto a autorización, o registro, y supervisión en aplicación de cualquier norma nacional o medida de armonización para la regulación de los servicios financieros adoptada por la Unión Europea, incluidos aquellos prestadores de servicios financieros sujetos a supervisión de acuerdo con normativa no dictada por la Unión Europea que, en virtud de un acto jurídico de la Unión Europea se considere equivalente a las medidas de la Unión Europea.

Lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales

El artículo 7 LIDSD establece que las prestaciones de servicios digitales se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando algún usuario esté situado en ese ámbito territorial, con independencia de que el usuario haya satisfecho alguna contraprestación que contribuya a la generación de los ingresos derivados del servicio.

Se detalla en qué casos se entiende que un usuario está situado en el territorio de aplicación del impuesto para cada uno de los supuestos gravados (artículo 7.2 y 7.3 LIDSD).

Se presumirá que un dispositivo se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo prueba en contrario para lo que pueden utilizarse otros instrumentos de geolocalización.

Los datos que pueden recopilarse de los usuarios con el fin de aplicar esta Ley se limitan a aquellos que permitan la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.

 

(Fuente Noticias Jurídicas)

 

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Aprobado el nuevo Impuesto sobre transacciones financieras17/10/2020

Aprobado el nuevo Impuesto sobre transacciones financieras

Con la aprobación de la Ley 5/2020, de 15 de octubre, se pretende seguir la línea adoptada por otros países de nuestro entorno como Francia e Italia, contribuyendo a mejorar la coordinación de estos gravámenes en el ámbito europeo.

Definición y hecho imponible

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras se configura como un tributo de naturaleza indirecta que grava las adquisiciones de acciones siempre que se cumplan las condiciones establecidas en su artículo 2, es decir:

- Que la sociedad tenga sus acciones admitidas a negociación en un mercado español, o de otro Estado de la Unión Europea, que tenga la consideración de regulado o bien, en un mercado considerado equivalente de un tercer país, de acuerdo con lo establecido en la normativa europea.

- Que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea, a 1 de diciembre del año anterior a la adquisición, superior a 1.000 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que también quedan sujetas al impuesto las adquisiciones onerosas de los valores negociables constituidos por certificados de depósito representativos de las acciones, cualquiera que sea el lugar de establecimiento de la entidad emisora de dichos valores, con la excepción de las adquisiciones de acciones realizadas con la exclusiva finalidad de emisión de los valores, de las adquisiciones de los certificados de depósito realizadas a cambio de la entrega por el adquirente de las acciones que representen, y de las operaciones efectuadas para cancelar estos certificados de depósito mediante la entrega a sus titulares de las acciones que representen.

Exenciones

El artículo 3 de la ley establece las adquisiciones de acciones que quedan exentas de gravamen:

- Las adquisiciones derivadas de la emisión de acciones, incluyendo las derivadas de la emisión de los certificados de depósito representativos de acciones emitidas exclusivamente para crear dichos valores.

- Las adquisiciones derivadas de una oferta pública de venta de acciones en su colocación inicial entre inversores.

- Las adquisiciones previas realizadas con carácter instrumental por los colocadores y aseguradores contratados por los emisores u oferentes con el propósito de realizar la distribución última de esas acciones entre los inversores finales, incluyendo las adquisiciones en cumplimiento de sus obligaciones como colocadores y, en particular, como aseguradores, en su caso, de esas operaciones.

- Las adquisiciones realizadas por los intermediarios financieros encargados de la estabilización de precios en el marco de un encargo de estabilización.

- Las adquisiciones derivadas de las operaciones de compra o de préstamo y demás operaciones realizadas por una entidad de contrapartida central o un depositario central de valores sobre los instrumentos financieros sujetos a este impuesto, en el ejercicio de sus respectivas funciones en el ámbito de la compensación o en el de la liquidación y registro de valores.

- Las adquisiciones realizadas por intermediarios financieros por cuenta del emisor de las acciones en el ejercicio de sus funciones de proveedores de liquidez, que tengan como único objetivo favorecer la liquidez de las operaciones y la regularidad de la cotización de sus acciones.

- Las adquisiciones realizadas en el marco de las actividades de creación de mercado, es decir, las actividades de una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, o una entidad equivalente de un tercer país, que sean miembros de un centro de negociación o de un mercado de un tercer país cuyo marco jurídico y de supervisión la Comisión Europea haya declarado equivalente, si cualquiera de ellas actúa como intermediario por cuenta propia en relación con un instrumento financiero, negociado dentro o fuera de un centro de negociación en las formas determinadas por esta ley.

- Las adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte del mismo grupo.

- Las adquisiciones a las que sea susceptible de aplicación el Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.

- Las adquisiciones originadas por operaciones de fusión o escisión de instituciones de inversión colectiva o de compartimentos o subfondos de instituciones de inversión colectiva.

- Las operaciones de financiación de valores, así como las operaciones de colateral con cambio de titularidad como consecuencia de un acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad.

- Las adquisiciones derivadas de la aplicación de medidas de resolución adoptadas por la Junta Única de Resolución, o las autoridades nacionales de resolución competentes.

- Las adquisiciones de acciones propias, o de acciones de la sociedad dominante efectuadas por cualquier otra entidad que forme parte de su grupo, realizadas en el marco de un programa de recompra que tenga como único propósito la reducción del capital del emisor, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a los instrumentos financieros de deuda convertibles en acciones o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los programas de opciones de acciones u otras asignaciones de acciones para los empleados o los miembros de los órganos de administración o supervisión del emisor o de una entidad del grupo.

Para que el sujeto pasivo que actúe por cuenta de terceros aplique las exenciones, el adquirente deberá comunicarle que concurren los supuestos de hecho que originan dicha aplicación, aportando la información exigida en ley, conservando a disposición de la Administración tributaria los justificantes que acrediten la realización y el contenido de la comunicación.

Base imponible y devengo del impuesto

El impuesto se devengará en el momento en que se efectúe la anotación registral de los valores a favor del adquirente en una cuenta o registro de valores, siendo su base imponible la constituida por el importe de la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto, sin incluir los costes de transacción derivados de los precios de las infraestructuras de mercado, ni las comisiones por la intermediación, ni ningún otro gasto asociado a la operación o en su defecto el valor correspondiente al cierre del mercado regulado más relevante por liquidez del valor en cuestión el último día de negociación anterior al de la operación, aplicándose para su determinación las reglas especiales establecidas en la ley.

Tipo de gravamen y sujetos pasivos

El impuesto se exigirá al tipo impositivo del 0,2 por ciento, siendo el sujeto pasivo el adquirente de los valores con independencia del lugar donde esté establecido, es decir, la empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que realice la adquisición por cuenta propia.

Obligaciones de declaración y documentación y desarrollo reglamentario

La declaración del impuesto se realizará mediante autoliquidación, coincidiendo el periodo de liquidación con el mes natural. El futuro reglamento asume el mandato del artículo 8 de la ley y precisa el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones por los sujetos pasivos y asegura una aplicación correcta de la ley por los sujetos obligados, incrementando la seguridad jurídica. En este sentido, el depositario central de valores deberá presentar en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una autoliquidación por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente al periodo de liquidación con el contenido y en el lugar, forma y plazo que se establezca reglamentariamente.

Con ello, se pretende tener en cuenta el principio de eficiencia, intentando que la norma genere las menores cargas administrativas y costes indirectos posibles, fomentando el uso racional de los recursos públicos.

Con la finalidad de facilitar el pago y la gestión del impuesto, la canalización de la liquidación e ingreso a través del depositario central de valores establecido en territorio español se considera fundamental para permitir una gestión eficaz del impuesto, por cuanto los sujetos pasivos, en muchos casos no residentes, podrán liquidar el impuesto a través de cauces por ellos conocidos. Además, desde la perspectiva de la Administración tributaria, el hecho de relacionarse exclusivamente con el depositario central de valores, en lugar de con múltiples sujetos pasivos, implicará una mayor facilidad gestora.

Por otro lado, las exigencias de información y documentación que se requieren son las estrictamente imprescindibles para garantizar la correcta gestión del impuesto y un control adecuado por parte de la Administración tributaria.

Queda pendiente, no obstante, la elaboración de la orden ministerial de aprobación del modelo de autoliquidación, donde, entre otros elementos, se recogerá el lugar y forma de presentación de la autoliquidación por el depositario central de valores establecido en territorio español, los términos de inclusión de la información en la autoliquidación que dicho depositario central de valores presente, la forma de realizar el ingreso o análogos aspectos en las presentadas directamente por los sujetos pasivos, así como las características de los ficheros para la transmisión de datos.

En este real decreto se concretarán también los supuestos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones a través del depositario de central de valores, distinguiéndose los casos en que dicha presentación tendrá carácter obligatorio de aquellos otros en que tenga carácter voluntario.

En los supuestos en los que proceda realizar la presentación e ingreso de las autoliquidaciones por el depositario central de valores, los sujetos pasivos deberán proporcionar a éste, datos completos, que se determinarán en el real decreto, de cada operación sujeta (exenta o no exenta) respecto de las adquisiciones sujetas al impuesto que hayan realizado, en la forma que determine el depositario central de valores y en todo caso antes del inicio del plazo para la presentación de la autoliquidación e ingreso del impuesto.

Los sujetos pasivos que no sean entidades participantes en el depositario central de valores deberán abonar el importe de la deuda tributaria a la entidad participante en cuyo registro de detalle tengan cuenta o a la que hubieran designado, con anterioridad al inicio del plazo para la presentación de la autoliquidación e ingreso del impuesto.

El modelo de autoliquidación deberá proporcionar toda la información necesaria para la adecuada gestión y control del impuesto, facilitando el cumplimiento de las obligaciones del impuesto.

Dado que las autoliquidaciones mensuales contendrán una información muy completa, se hará innecesario la presentación de una declaración anual, por lo que el contribuyente se liberará de esta obligación formal.

Asimismo, se concretarán los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones por el depositario central de valores ante la Administración tributaria.

En el real decreto también quedará regulada la posibilidad y condiciones para realizar acuerdos de colaboración con depositarios centrales de valores establecidos en otros Estados de la Unión Europea, o en terceros Estados que sean reconocidos para prestar servicios en la Unión Europea.

Igualmente se prevé regular la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto por el propio sujeto pasivo cuando no proceda realizarse por un depositario central de valores establecido en territorio español, y se establecerá la obligación para el depositario central de valores y sus entidades participantes de conservar y mantener a disposición de la Administración tributaria toda la documentación que contenga la información recibida de los sujetos pasivos para la presentación de las autoliquidaciones, así como la que acredite los ingresos recibidos de los sujetos pasivos tanto por las entidades participantes como por el depositario central de valores.

También está previsto que la Agencia Tributaria publique en su sede electrónica en el mes de diciembre de cada año, con efectos meramente informativos para la aplicación del impuesto en el año inmediato siguiente, una lista de sociedades cuyas acciones estén sujetas a gravamen.

(Fuente Noticias Jurídicas)

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MEDIDAS SANITARIAS DE CONFINAMIENTO PARA LA CONTENCIÓN DE LA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA16/10/2020

MEDIDAS SANITARIAS DE CONFINAMIENTO PARA LA CONTENCIÓN DE LA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA.

Hoy se ha publicado en el BOCYL la ORDEN SAN/1099/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias Preventivas para la contención de la covid-19 en el municipio de Salamanca.

Les extractamos los aspectos más fundamentales y ponemos a disposición de nuestro clientes un modelo de certificación de empresa para que los trabajadores residentes fuera de Salamanca puedan acceder a su puesto de trabajo.

Medidas específicas preventivas en relación con el contacto social, a aplicar en el municipio de Salamanca.

Se restringe la entrada y salida de personas en el municipio de Salamanca, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:

  • Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  • Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.
  • Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.
  • Retorno al lugar de residencia habitual.
  • Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  • Para desplazarse a entidades financieras y de seguros.
  • Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
  • Para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
  • Para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
  • Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  • Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen el ámbito territorial que constituyen el objeto de la presente orden estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera del mismo.

Se permite la circulación de personas residentes dentro del municipio afectado, siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes, si bien se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles.

Se suspenden las visitas en los centros residenciales de personas mayores, salvo circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización o situaciones de final de la vida, que adoptará la dirección del centro. Asimismo, no se permiten las salidas de los residentes fuera del recinto de la residencia salvo para acudir al médico y similares o situaciones de fuerza mayor.

Medidas específicas preventivas en relación aforos máximos, distancias y horarios, a aplicar el municipio de Salamanca.

1. Lugares de Culto:

La asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo y se deberá garantizar en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla.

2. Velatorios:

a) La asistencia a velatorios se limita a un máximo de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes.

b) La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

3. Establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público:

Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00 horas.

Esta limitación horaria no será de aplicación a los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales, entendiéndose como tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e inaplazables.

4. Establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas.

a) Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al cincuenta por ciento, tanto en espacios interiores como exteriores.

b) Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas con el objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

c) No se admitirán nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

Estas mismas limitaciones de aforo y horario son aplicables a los establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.

5. Academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19:

La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, podrá impartirse de forma presencial siempre y cuando no supere una capacidad del cincuenta por ciento respecto al máximo permitido, debiendo garantizarse en todo momento el respeto a la distancia de seguridad interpersonal.

Estas medidas serán también aplicables a las actividades formativas presenciales del ámbito de la formación para el empleo, gestionada y/o financiada, por la Consejería de Empleo e Industria.

6. Instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior:

a) Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido de la instalación en espacios interiores y el sesenta por ciento en espacios exteriores.

b) La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis personas.

c) En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las competiciones internacionales que estén bajo la tutela organizativa de las Federaciones deportivas españolas que se desarrollen en el municipio de Salamanca, será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de Deportes.

Aplicación de las medidas adoptadas.

1. Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas establecidas en la presente orden.

2. En todo caso, los incumplimientos individualizados de lo dispuesto en la presente orden, podrán constituir infracción administrativa de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.

Publicación y efectos.

La presente orden tendrá efectos desde las 00.00 horas del día 17 de octubre de 2020 y mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, eficacia que podrá prorrogarse si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica, de mantenerse las circunstancias que motivan su adopción.

(Fuente BOCYL)

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