NUEVO ESTADO DE ALARMA, Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre26/10/2020

NUEVO ESTADO DE ALARMA, Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre

I. DECLARACIÓN ESTADO DE ALARMA.
 La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
 El estado de alarma declarado por el presente real decreto finalizará a las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse.


II. LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE PERSONAS EN HORARIO NOCTURNO.
 Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades:

  •  Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.
  •  Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  •  Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
  •  Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
  •  Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.
  •  Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  •  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  •  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
  •  Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

La Comunidad Autónoma podrá determinar que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas.


III. LIMITACIÓN ENTRADA Y SALIDA EN CCAA Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
 Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:

  •  Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  •  Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
  •  Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.
  •  Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
  •  Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  •  Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.
  •  Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
  •  Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
  •  Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
  •  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  •  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La Comunidad Autónoma podrá, adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, con las excepciones previstas.

IV. LIMITACIÓN PERMANENCIA DE GRUPOS DE PERSONAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

  • La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público.
  •  La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.
  •  En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el párrafo anterior será de seis personas

 La Comunidad Autónoma podrá determinar, en su ámbito territorial, que el número máximo sea inferior a seis personas, salvo que se trate de convivientes. Asimismo, podrán, en su ámbito territorial, establecer excepciones respecto a personas menores o dependientes, así como cualquier otra flexibilización de la limitación prevista en este artículo.
No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable.


V. EFICACIA DE LAS LIMITACIONES
 Las medidas relativas a limitación de entrada y salida en las comunidades autónomas, limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, así como la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto serán eficaces cuando la autoridad competente autonómica respectiva lo determine, no pudiendo ser inferior a siete días naturales.
 La medida Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno será eficaz en todo el territorio nacional en el momento de la entrada en vigor de este real decreto, sin perjuicio de lo previsto para Canarias.

(Fuente FELE)

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La DGT aclara el cómputo de trabajadores en ERTE para la cuantificación del módulo personal asalariado en IRFP21/10/2020

La DGT aclara el cómputo de trabajadores en ERTE para la cuantificación del módulo personal asalariado en IRFP

Emite una consulta vinculante en la que determina cómo se realiza el cómputo de los trabajadores que se encuentran en ERTE para la cuantificación del módulo personal asalariado en estimación objetiva.  

Un empresario que determina el rendimiento neto de la actividad por el método de estimación objetiva, debido a la crisis sanitaria ha tenido a trabajadores en expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), y pregunta a la Dirección General de Tributos cómo debe realizar el cómputo de esos trabajadores para la cuantificación del módulo personal asalariado.

La DGT emite la consulta V2500-20, y responde lo siguiente:

"a los efectos de la cuantificación del módulo “personal asalariado”, el personal asalariado deberá valorarse, trabajador por trabajador, en función de las condiciones en que se encuentren en el ERTE, computándose, exclusivamente, las horas que deba prestar de trabajo efectivo, no computándose la parte del contrato de trabajo que se encuentre suspendida temporalmente".

Explica para fundamentar su respuesta que, la cuantificación del módulo personal asalariado se establece en la instrucción 2.1.2ª para la aplicación de los signos, índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del anexo II de la Orden 1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

De acuerdo con esta instrucción, el personal asalariado se cuantificará en función del número de horas efectivamente trabajadas anualmente por cada trabajador en la actividad.

En el caso de los ERTES, el personal asalariado deberá valorarse exclusivamente por las horas de trabajo efectivo que realicen de acuerdo con las condiciones individuales que afecten a cada trabajador.

instrucción 2.1.2ª

2ª) Personal asalariado: Persona asalariada es cualquier otra que trabaje en la actividad. En particular, tendrán la consideración de personal asalariado el cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo que convivan con él, siempre que, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen general de la Seguridad Social, trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad empresarial desarrollada por el contribuyente. No se computarán como personas asalariadas los alumnos de formación profesional específica que realicen el módulo obligatorio de formación en centros de trabajo.

Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo correspondiente o, en su defecto, mil ochocientas horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el convenio colectivo o, en su defecto, mil ochocientas.

Se computará en un 60 por 100 al personal asalariado menor de diecinueve años y al que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje o para la formación. Cuando el personal asalariado sea una persona con discapacidad, con grado de discapacidad igual o superior al 33 %, se computará en un 40 por 100. Estas reducciones serán incompatibles entre sí”.

(Fuente IBERLEY)

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El sinfín de dudas legales sobre los patinetes eléctricos: ¿es delito conducirlos sin carnet? ¿hace falta seguro?17/10/2020

El sinfín de dudas legales sobre los patinetes eléctricos: ¿es delito conducirlos sin carnet? ¿hace falta seguro?

La falta de una normativa única multiplica las sentencias contradictorias sobre estos vehículos. Según sus características, sus conductores se enfrentan a importantes multas o, incluso, a penas de prisión

El boom de los patinetes eléctricos como medio de transporte urbano está generando algunos problemas de convivencia. Los accidentes provocados por estos vehículos se han triplicado en grandes ciudades como Barcelona. Pero, si bien es cierto que la mayoría de los ayuntamientos se han apresurado a aprobar una normativa que regule su uso dentro del municipio, existen aún importantes y numerosas dudas legales sobre los requisitos que deben cumplir sus conductores. Dependiendo de las características del patinete, estos se pueden enfrentar a cuantiosas multas administrativas e, incluso, penas de prisión.

El principal problema está en que no hay una regulación estatal que aclare cuándo deben contar con licencia de circulación o carnet y seguro de responsabilidad civil obligatorio. Esta situación genera mucha incertidumbre y fallos contradictorios en los tribunales. En una sentencia de marzo, la Audiencia Provincial de Murcia absolvía al conductor de un patinete, marca Citycoco, de un delito de conducción sin carnet (sin puntos) por la “existencia de dudas sobre la consideración del vehículo conducido como un ciclomotor”. Sin embargo, en septiembre, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vigo confirmaba una multa de 601 euros al conductor de un patinete del mismo modelo por carecer de seguro. El demandante fue denunciado por la policía local cuando circulaba con el artefacto. En su sentencia, el juez argumentó que se trataba de un vehículo “al menos de la categoría de ciclomotor, que, en cuanto a tal, exige la contratación de un seguro obligatorio”.

¿Cuándo son obligatorios un seguro y conducir con carnet?

En principio, simplificándolo mucho, el seguro y permiso de circulación es obligatorio para aquellos patinetes que alcancen una velocidad superior a 25 Km/h. Así se desprende del reglamento europeo sobre homologación de vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos (Reglamento 168/2013). Según la interpretación dada por la Dirección General de Tráfico (DGT) en una Instrucción de diciembre de 2019, los patinetes con velocidad superior a 25 Km/h son asimilados a un ciclomotor y, por tanto, deben circular con seguro de responsabilidad civil. Otra característica que, según la instrucción, convierte en ciclomotor a uno de estos vehículos es que tengan un sillín a una altura mínima de 54 cm

No existe obligación, en cambio, para patinetes de menos de 6 Km/h, considerados juguetes, y tampoco para aquellos que superen dicha velocidad, pero no alcancen los 25 Km/h, tratados como vehículos de movilidad personal (VPM).

El problema es que se trata de una instrucción que aún no ha sido incorporada al Reglamento General de Circulación, cuya reforma está en fase de proyecto. Esta situación, en cambio, no exime a los conductores de estos vehículos de cumplir con estos requisitos. Así lo explica el fiscal Pablo Alfonso Lanzarote, que subraya que, en todo caso, “el reglamento europeo es aplicable directamente”. Además, como agrega Jesús Lorenzo, letrado en Aboga2, “el propio reglamento habilita a la DGT para publicar este tipo de instrucciones”.

Este es un tema muy contradictorio y discutible, señala Lanzarote, porque la ley de industria no les exige homologación y, por tanto, matriculación y autorización, y, por otro lado, las ordenanzas municipales prohíben su circulación por las vías públicas. “Pero está claro que no son juguetes, y que tienen una capacidad innegable de producir daños a terceros, por lo que no pueden comercializarse como tales”, sentencia. En conclusión, aquellos conductores de modelos de patinetes eléctricos que de fábrica, o por manipulación, alcancen los 25 km/h tienen que contar con licencia y seguro.

¿A qué multas se enfrentan los infractores?

Las multas administrativas por conducir sin seguro pueden ser muy elevadas. Los propietarios se enfrentan a sanciones que oscilan entre 600 y 3.000 euros, así como a la inmovilización y depósito del vehículo. A esta suma hay que añadir la sanción por circular sin carnet, que suele ser de 500 euros. Por tanto, una denuncia puede suponer una multa mínima de unos 1.500 euros.

Además, apunta Lorenzo, si se quiere recuperar el patinete, habrá que contratar un seguro, aportarlo y pagar la tasa por retirada del depósito de la grúa municipal. El letrado recomienda, en todo caso, la contratación de un seguro. El riesgo de sufrir un accidente es elevado y habrá que hacer frente a la indemnización para reparar el daño. “Hay que tener en cuenta que, si el conductor es menor, los responsables subsidiarios son los padres”.

Otras sanciones

Los conductores de patinetes eléctricos deben tener en cuenta, además, las ordenanzas de movilidad del municipio en el que circulen. Algunas ciudades imponen una edad mínima de 15 o 16 años para llevarlos. Asimismo, se establece limitaciones en cuanto a las vías que pueden utilizar. Incluso, puede suceder que, al desplazarse de un municipio a otro, el conductor del patinete deba cambiar de carril para adaptarse a la normativa vigente. En ningún caso, manifiesta Lorenzo, pueden circular por las aceras. Como señala solo pueden compartir vía con las personas aquellos vehículos que circulen al paso de los peatones.

¿Qué delitos se pueden cometer?

Los delitos contra la seguridad vial del Código Penal son aplicables a los “vehículos de motor o ciclomotores”. A estos efectos, como explica el fiscal Lanzarote, resulta irrelevante que el vehículo no haya sido homologado ni que, por tanto, esté matriculado.

En concreto, se puede incurrir en un delito de conducción sin carnet vigente o sin puntos del artículo 384 del Código Penal, o el de circular bajo los efectos del alcohol o las drogas. Los infractores se  enfrentan a penas de prisión de tres a seis meses o multa. La cuestión es si estos patinetes son o no “vehículo de motor o ciclomotores”. Como explica el fiscal, en este tipo de delitos de riesgo, lo que tendrá que valorar el juez es “la potencialidad lesiva” del artefacto. En este sentido, los jueces tienen “plena autonomía” para interpretar las normas “de acuerdo con lo que se trata de proteger por el tipo penal”. Hay que tener en cuenta que en todos estos casos la pena suele incluir la retirada del carnet.

Por otro lado, añade Lorenzo, también se puede incurrir en un delito de lesiones (regulado en el artículo 152 del Código Penal). Por último, no hay que olvidar que los conductores pueden ser castigados si se niegan a someterse a las pruebas de alcohol o drogas tóxicas, que, conforme al artículo 383 del Código Penal, conlleva una pena de prisión de seis meses a un año.

Desconocimiento

¿Es posible alegar desconocimiento para evitar una sanción administrativa o una penal? En principio, como apunta Lorenzo, “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”.

Ahora bien, explica el fiscal, habría que ver “cuál es el conocimiento que resulta exigible al ciudadano de toda esta normativa, y, por tanto, la procedencia de la sanción por su incumplimiento”. En procedimientos penales, incluso, se podría alegar un “error” que implicaría la falta de culpabilidad.

(Fuente El País)

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Soportar retrasos continuados en la nómina y llegar a un acuerdo no priva del derecho a litigar17/10/2020

Soportar retrasos continuados en la nómina y llegar a un acuerdo no priva del derecho a litigar

Aceptar un salario que por costumbre llega tarde no implica que el trabajador renuncie a acudir a tribunales. Así lo ha establecido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en una reciente sentencia, donde niega que aceptar las nóminas atrasadas e incluso llegar a un acuerdo al respecto con la empresa suponga un consentimiento tácito de los abusos anteriores. 

En el fallo (de 10 de septiembre, disponible aquí), el alto tribunal resuelve el recurso para la unificación de doctrina de dos trabajadores de una empresa maderera, que recibieron nóminas atrasadas y fraccionadas durante un periodo de tres años. 

Tras presentar recurso de suplicación (el juez desestimó la demanda), el TSJ de Castilla-La Mancha dio la razón a la empresa y consideró que la demora no era relevante, porque no comportaba pérdida salarial efectiva. Además resalzó que se alcanzó un acuerdo para fijar la fecha de abono salarial en los primeros cinco días del mes siguiente al devengo. De ello colige no cabe apreciar ni gravedad ni trascendencia en el incumplimiento empresarial. 

La corrección del Supremo

La Sala del Supremo corrige al TSJ y zanja que ningún acuerdo firmado a posteriori priva a los trabajadores de su derecho a denunciar los abusos anterioresTampoco es excusa para el retraso la situación de concurso que atravesaba la empresa.

El acuerdo, dicta la Sala, ni convalida la situación preexistente, ni tampoco ampara el pago diferido y fraccionado de los salarios en los términos en que habían venido soportando los trabajadores. Existe incumplimiento suficiente como para resolver el contrato laboral, concluye el Supremo. 

Que los trabajadores vengan soportando una situación de impago o pago con retraso no les priva de su derecho al acceso al litigio cuando se mantiene la actitud incumplidora de la empresa en el momento de interposición de la demanda; incluso el alto tribunal va más allá y afirma que la perpetuación de esta conducta por parte de la empresa abunda en la gravedad de su incumplimiento.

Además, la Sala destaca que la actitud de la empresa estaba huérfana de todo viso de bilateralidad al no constar ni siquiera una mínima aquiescencia del trabajador frente al incumplimiento empresarial y el acuerdo se alcanza tras ser reiterado el impago.

La estimación del recurso implica declarar extinguidos los contratos de trabajo. Condena a la empresa a indemnizar a los trabajadores demandantes conforme a lo dispuesto en los arts. 50.2 y 56.1 ET y 110.1 LRJS, teniendo en cuenta que, dada la fecha de inicio de las relaciones laborales de los actores, es aplicable la Disp. Trans. 11ª ET.

(Fuente Noticias Jurídicas)

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La 'Tasa Google': así será el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales17/10/2020

La 'Tasa Google': así será el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprobado por la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (en adelante LIDSD), y conocido como Tasa Google es un tributo indirecto que grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto.

Hecho imponible y exclusiones

De acuerdo con los artículos 5 y 6 LIDSD, estarán sujetas al impuesto las prestaciones de los servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del mismo efectuadas por los contribuyentes de este impuesto.

No estarán sujetas al impuesto:

• Las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario.

• Las entregas de bienes o servicios subyacentes entre los usuarios, en el marco de un servicio de intermediación en línea.

• Las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago.

• ,Las prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras reguladas.

• Las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por entidades financieras reguladas.

• Las prestaciones de servicios digitales cuando sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%.

Los supuestos de no sujeción al impuesto pueden modificarse por LPGE (DF 3ª LIDSD).

Contribuyentes

Son contribuyentes del impuesto las empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere, el primer día del periodo de liquidación, los 750.000.000 € y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los 3.000.000 €, aplicando las reglas de determinación de la base imponible establecidas en el artículo 10 LIDSD.

Durante el período comprendido entre el 16 de enero y el 31 de diciembre de 2021, a efectos de determinar el cumplimiento del umbral de los 3.000.000 €, se tendrá en cuenta el importe total de los ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto desde la entrada en vigor de esta Ley hasta la finalización del plazo de liquidación elevados al año (DT única LIDSD).

En los casos de entidades que formen parte de un grupo, los importes de los umbrales a tener en cuenta serán los del grupo en su conjunto (artículo 8 LIDSD).

Los umbrales cuantitativos que determinan la condición de contribuyente del impuesto pueden modificarse por LPGE (DF 3ª LIDSD).

Devengo

El impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

En las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos (artículo 9 LIDSD).

Tipo impositivo

3% que se aplica a la base imponible para obtener la cuota íntegra del Impuesto (artículos 11 y 12 LIDSD).

El tipo impositivo puede modificarse por LPGE (DF 3ª LIDSD).

Base imponible

La base imponible se determinará a partir de los ingresos obtenidos por la prestación de los siguientes servicios aplicando las reglas definidas en el artículo 10 LIDSD:

• Servicios de publicidad en línea. Se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de veces que aparezca la publicidad en dispositivos que se encuentren en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de veces que aparezca dicha publicidad en cualquier dispositivo, cualquiera que sea el lugar en que estos se encuentren

• Servicios de intermediación en línea:

- Si existe facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que intervengan en ese servicio, cualquiera que sea el lugar en que estén situados.

- En los demás servicios de intermediación en línea, por el importe total de los ingresos derivados directamente de los usuarios cuando las cuentas que permitan acceder a la interfaz digital utilizada se hubieran abierto utilizando un dispositivo que se encontrara en el momento de su apertura en el territorio de aplicación del impuesto.

• Servicios de transmisión de datos. Se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios que han generado dichos datos que estén situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que hayan generado dichos datos, cualquiera que sea el lugar en que estén situados

Para determinar el importe de los ingresos se excluye el IVA o impuestos equivalentes.

En entidades de un mismo grupo, será el valor de mercado.

La base imponible se determinará por el método de estimación directa, sin más excepciones que las establecidas en las normas reguladoras del método de estimación indirecta de las bases imponibles.

Fijación provisional de la base imponible

Si el importe de la base imponible no resultara conocido en el periodo de liquidación, el contribuyente deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios fundados que tengan en cuenta el periodo total en el que van a generarse ingresos derivados de esas prestaciones de servicios digitales, sin perjuicio de su regularización cuando dicho importe fuera conocido, mediante autoliquidación correspondiente a ese periodo de liquidación.

La regularización deberá realizarse como máximo en el plazo de los 4 años siguientes a la fecha de devengo del impuesto correspondiente a la operación (artículo 10.3 LIDSD).

Declaraciones trimestrales

Se liquidará trimestralmente de acuerdo con Orden Ministerial que se aprobará (artículo 14 LIDSD).

Obligaciones formales

El artículo 13 LIDSD establece una serie de obligaciones formales, cuyos requisitos, límites y condiciones se determinarán reglamentariamente:

a) Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades.

b) Solicitar NIF, y comunicarlo y acreditarlo.

c) Llevar los registros.

d) Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus servicios digitales.

e) Nombrar un representante en caso de contribuyentes no establecidos en la Unión Europea.

f) Conservar, durante el plazo de prescripción previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones. En particular, los medios de prueba que permitan identificar el lugar de prestación del servicio.

g) Traducir al castellano, o a cualquier otra lengua oficial, cuando así lo requiera la Administración tributaria, las facturas, contratos o documentos acreditativos correspondientes a prestaciones de servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.

h) Establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.

Se establecen infracciones graves específicas

Constituye infracción tributaria grave, el incumplimiento de la obligación de establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto, establecida en el artículo 13.1.h) LIDSD.

La sanción por la comisión de la anterior infracción consistirá en multa pecuniaria del 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior, tal y como se establece en el artículo 8 LIDSD, con un mínimo de 15.000 € y un máximo de 400.000 €, por cada año natural en el que se haya producido el incumplimiento.

Podrá ser objeto de reducción conforme al artículo 188.3 LGT 2003.

Otras infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la LGT.

La ley aclara una serie de conceptos y definiciones

El artículo 4 LIDSD precisa que a efectos de esta Ley, se entenderá por:

Contenidos digitales: los datos suministrados en formato digital, como programas de ordenador, aplicaciones, música, vídeos, textos, juegos y cualquier otro programa informático, distintos de los datos representativos de la propia interfaz digital.

Dirección de Protocolo de Internet (IP): código que se asigna a los dispositivos interconectados para posibilitar su comunicación a través de Internet.

Grupo: conjunto de entidades en el que una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

Interfaz digital: cualquier programa, incluidos los sitios web o partes de los mismos, o aplicación, incluidas las aplicaciones móviles, o cualquier otro medio, accesible a los usuarios, que posibilite la comunicación digital.

Servicios digitales: se considerarán como tales exclusivamente los de publicidad en línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos.

Servicios de publicidad en línea: los consistentes en la inclusión en una interfaz digital, propia o de terceros, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz.

Cuando la entidad que incluya la publicidad no sea propietaria de la interfaz digital, se considerará proveedora del servicio de publicidad a dicha entidad, y no a la entidad propietaria de la interfaz.

Servicios de intermediación en línea: los de puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética (que permita interactuar con distintos usuarios de forma concurrente) que facilite la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, o que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos.

Servicios de transmisión de datos: los de transmisión con contraprestación, incluidas la venta o cesión, de aquellos recopilados acerca de los usuarios, que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.

Usuario: cualquier persona o entidad que utilice una interfaz digital.

Publicidad dirigida: cualquier forma de comunicación digital comercial con la finalidad de promocionar un producto, servicio o marca, dirigida a los usuarios de una interfaz digital basada en los datos recopilados de ellos. Se considerará que toda la publicidad es «publicidad dirigida», salvo prueba en contrario.

Servicios financieros regulados: servicios financieros para cuya prestación está autorizada una entidad financiera regulada.

Entidad financiera regulada: prestador de servicios financieros que está sujeto a autorización, o registro, y supervisión en aplicación de cualquier norma nacional o medida de armonización para la regulación de los servicios financieros adoptada por la Unión Europea, incluidos aquellos prestadores de servicios financieros sujetos a supervisión de acuerdo con normativa no dictada por la Unión Europea que, en virtud de un acto jurídico de la Unión Europea se considere equivalente a las medidas de la Unión Europea.

Lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales

El artículo 7 LIDSD establece que las prestaciones de servicios digitales se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando algún usuario esté situado en ese ámbito territorial, con independencia de que el usuario haya satisfecho alguna contraprestación que contribuya a la generación de los ingresos derivados del servicio.

Se detalla en qué casos se entiende que un usuario está situado en el territorio de aplicación del impuesto para cada uno de los supuestos gravados (artículo 7.2 y 7.3 LIDSD).

Se presumirá que un dispositivo se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo prueba en contrario para lo que pueden utilizarse otros instrumentos de geolocalización.

Los datos que pueden recopilarse de los usuarios con el fin de aplicar esta Ley se limitan a aquellos que permitan la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.

 

(Fuente Noticias Jurídicas)

 

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