La inspección de trabajo exigirá este año que los autónomos y empresas con empleados dispongan de un registro salarial12/04/2021

La inspección de trabajo exigirá este año que los autónomos y empresas con empleados dispongan de un registro salarial

La inspección de trabajo vigilará este año que los autónomos empleadores tengan un registro para demostrar que sus trabajadores y trabajadoras con un mismo puesto cobran también el mismo sueldo.

La inspección de trabajo vigilará más este año que todos los autónomos con trabajadores a su cargo cuenten con un registro retributivo para demostrar que todos sus empleados y empleadas con un mismo puesto de trabajo, cobran también el mismo salario.  

De hecho, según el Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los próximos años no sólo se mantendrá la actividad programada en materia de igualdad, sino que también se incrementará el número de actuaciones para comprobar que las empresas obligadas cumplen con el Plan de Igualdad, y que todos los negocios, sea cual sea su tamaño, cuentan con un registro retributivo.

Por ello, "es casi seguro que, muy pronto, desde la Dirección General de la inspección se active la correspondiente campaña para comprobar que se cumplen todas las obligaciones en materia de igualdad, incluido el registro salarial.  Eso con independencia de que los inspectores, cuando visitemos empresas por cualquier otro motivo, también podamos requerirlo, y sancionar en caso de que no se cumpla con esta obligación", explicó Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITS).

El registro ya es obligatorio y la inspección vigilará más su llevanza

La obligación para todos los negocios de contar con un registro salarial no es nueva. El pasado 8 de marzo de 2019 se modificó el artículo 28 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 2 señala que "el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor". Desde aquel momento, todos los empleadores, independientemente de cuántos trabajadores tengan a su cargo, deben contar con un registro salarial actualizado y a disposición de la inspección de trabajo.

El mecanismo es similar al del registro de la jornada. De hecho, entraron en vigor en el mismo año y ambos son obligatorios para todos los empleadores. Sin embargo, y "mientras que el registro de la jornada fue muy sonado y quedan ya pocos empleadores que no lo conozcan, la mayoría de pequeños negocios no saben que también tienen que registrar los salarios de sus empleados y que, de no hacerlo, se enfrentan a sanciones de hasta 6.250 euros. Es probable que a raíz de la entrada en vigor el próximo 14 de abril de la obligación de hacer auditorías para las empresas de más de 50 empleados, también se verifique mucho más este registro salarial", explicó  Luis San José, abogado laboralista del despacho AGM abogados.

Además, al igual que ocurre con el registro de la jornada, en cualquier campaña de la inspección, sea cuál sea su motivo, se puede solicitar este documento. "Ahora, por ejemplo, empieza la campaña agrícola en Aragón y vamos a hacer muchas visitas. No sólo verificaremos que se cumplen las medidas a raíz del covid, sino que también podemos solicitar los recibos salariales. Si a través de ellos se comprueba que puede haber discriminación retributiva por razón de género, se puede pedir el registro salarial, y sancionar al empleador si no cuenta con él", añadió la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITS).

¿Cómo se hace un registro salarial?

El artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores, que se modificó en marzo de 2019, señala que todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo. El objetivo de dicho registro es garantizar que tanto los trabajadores, como la representación legal -en caso de haberla- o los propios inspectores puedan verificar de forma sencilla y rápida las posibles desigualdades salariales entre los empleados con un mismo cargo. 

Para ello, "dicho registro debe de incluir los valores medios de los salarios, de los complementos salariales y de las percepciones extrasalariales de la plantilla y desagregados por sexo. Para establecer este registro retributivo habrá que señalar debidamente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido, en bruto anual, por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable en la empresa", según explicó Luis San José, abogado del despacho AGM. 

Así mismo, también hay que definir qué parte de la retribución corresponde al salario base y percepciones extrasalariales. Por tanto, según resumió el experto, el registro debe de incluir todas las percepciones que reciban los empleados, ya tengan carácter salarial o extrasalarial, con diferenciación del sexo, clasificación profesional y la composición del salario en base a:

  • Salarios.
  • Complementos salariales.
  • Percepciones extrasalariales.

Una vez se hayan señalado en el registro estos datos, habrá que buscar y reflejar las medias y las medianas de lo percibido por los trabajadores. La media correspondería a la división entre todos los conceptos salariales cuantitativos dividido y el número de empleados que componen estos datos. Y la mediana será la cuantía que está en el medio, "es decir si existen diez personas que hay en un grupo profesional, la cuantía que deberemos reflejar es la que está en el número cinco", dijo el abogado de AGM. 

Sanciones de hasta 6.250 euros por no tener registro salarial

Los autónomos que tengan empleados a su cargo y no cumplan con esta obligación en materia de igualdad incurrirán en una infracción grave recogida en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Según esta norma, las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo se sancionarán con multa:

  • En su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros
  • En su grado medio de 1.251 a 3.125 euros
  • En su grado máximo, de 3.126 a 6.250 euros

Además, en el caso de que la inspección concluyera que no sólo no se cuenta con el registro, sino que además se ha incurrido en una discriminación salarial por razón de sexo, la infracción podría ser considerada como muy grave y conllevaría multas:

  • En su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros
  • En su grado medio de 25.001 a 100.005 euros
  • En su grado máximo, de 100.006 euros a 187.515 euros

(Fuente autonomosyemprendedor.es)

 

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Preconcurso: estrategias para reactivar la economía pos-Covid07/04/2021

Preconcurso: estrategias para reactivar la economía pos-Covid

En el nuevo escenario posCovid, los expertos en gestión del riesgo, además de identificar fórmulas para garantizar la viabilidad empresarial, proponen e impulsan las estrategias y herramientas eficaces de derecho preconcursal y concursal con el objetivo de contribuir a la recuperación de la economía empresarial y familiar en España.

Al tiempo que el número de contagios y la cifra de fallecidos alteraba gravemente la sociedad española, el Banco de España alertaba del irremediable impacto económico que iba a suponer la pandemia. Uno de los datos más preocupantes era el alto porcentaje de empresas que había dejado de generar beneficios y, por tanto, era incapaz de recuperar gastos y, mucho menos, de cubrir los intereses de las deudas contraídas.

La inquietud por esas firmas más vulnerables con la pandemia hacía saltar las alarmas y los expertos anticipaban una avalancha de concursos, obligando a hacer un análisis de las herramientas que las compañías tienen a su disposición para dar viabilidad a sus negocios.

Tras la aprobación del RDL 5/2021, no hay obligación de solicitar concurso antes del 31 de diciembre de 2021; sin embargo, el régimen de ayudas públicas es muy restrictivo y muchas compañías acudirán a los procedimientos concursales para afrontar su insolvencia. Si esto es así, la moratoria que ahora bombea oxígeno a los empresarios puede llevar a una alteración funcional de la economía.

En opinión de Eduard Krausse, director general en Surplex Ibérica, "estamos invirtiendo recursos en compañías ineficientes y dejando sin defensa a acreedores de las denominadas empresas zombi, que aunque estén sanas, van a tener multitud de créditos impagados, haciendo peligrar su viabilidad".

María Teresa Enciso, directora académica del Congreso de Derecho Concursal de Lefebvre, advierte que las estrategias preconcursales deben ceñirse al ámbito de los procedimientos regulados y reconocidos en nuestra normativa, "sin perjuicio de que, tras la incorporación de la directiva de la Unión Europea para disponer de marcos de refinanciación más ágiles, estas medidas se refuercen".

La catedrática de derecho mercantil explica que el marco más recomendable arranca de la comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores. Se abre así un necesario período de tiempo para hablar y, en este momento, la conversación puede centrarse en tres alternativas: "Alcanzar un acuerdo de refinanciación (recomendable para estructuras societarias de cierta complejidad); un pacto extrajudicial de pagos (aconsejable para pymes y deudores persona natural); o un convenio anticipado (de utilidad, en supuestos en los que se puede obtener de manera rápida un convenio con los acreedores)".

Para Beatriz Rúa, socia responsable del área de procesal y concursal de KPMG Abogados, la mejor estrategia preconcursal es la que se "diseña ad hoc y sin premuras", atendiendo tanto a las causas de insolvencia como a las particularidades operativas y sectoriales de cada compañía. En función de todo ello, "bajo el paraguas protector del artículo 583 del texto refundido de la ley concursal, podrá optarse por seguir un plan de desinversión o reestructuración operativa, renegociar la estructura de deuda, transformarla en capital, acudir a una reestructuración societaria o una combinación de las anteriores opciones".

Además, el magistrado de la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, José María Fernández Seijo, reitera que "empresas y empresarios deben ser conscientes de que la crisis sanitaria va acompañada de un nuevo modelo y nuevos hábitos de producción y consumo", y que la moratoria concursal no dará cobertura a "actuaciones arriesgadas o extrañadas". Un emprendedor "debe activar rápidamente los mecanismos para solucionar la insolvencia o, en su caso, liquidar las empresas evitando así riesgos en el patrimonio personal", explica.

Los expertos coinciden en afirmar que la liquidación preconcursal es la solución óptima para garantizar el máximo ingreso en la venta de los activos. Como ejemplo, ante una situación de insolvencia empresarial, Eduard Krausse recuerda que la venta de la unidad productiva a un inversor experimentado puede convertir una empresa no rentable en una próspera y así mantener e incluso crear empleo.

Krausse espera además "una avalancha de concursos, pero no antes de 2022, debido a las constantes moratorias", al igual que Beatriz Rúa, que explica que el éxito de la moratoria reside en evitar "la temida avalancha".

La experta reconoce que es requisito imprescindible que las compañías en riesgo de insolvencia utilicen dicho "periodo de gracia" para renegociar su refinanciación o sus convenios en situación de incumplimiento.

(Fuente EXPANSIÓN)

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Un padre pierde la custodia de su hijo por no hacer nada frente a la adicción a los videojuegos del menor07/04/2021

Un padre pierde la custodia de su hijo por no hacer nada frente a la adicción a los videojuegos del menor

Así lo ha fijado la Audiencia Provincial de Pontevedra, que atribuye la custodia a la madre y fija un régimen de visitas al padre.

Hemos podido conocer a través de la prensa que la Audiencia Provincial de Pontevedra ha otorgado la custodia en exclusiva a la madre de un menor en perjuicio del padre que pierde la custodia compartida por su permisividad total con su hijo a la hora de jugar a los videojuegos, ya que el menor tenía diagnosticada una adicción a los mismos.

El menor, de 13 años, estaba diagnosticado de una fuerte adicción a los videojuegos que le había provocado una disminución de su rendimiento escolar, llegando a suspender 9 asignaturas en 1º de la ESO. La madre alegaba que ella le prohibía jugar a la consola, mientras que el padre permitía el juego diario durante horas, como también la había permitido el abrir una cuenta de Instagram y un canal de Youtube sin conocimiento de la progenitora.

"Que existe un problema con la afición a los videojuegos que tiene el menor, manteniendo los progenitores al respecto una disparidad de criterios. Siendo el padre totalmente permisivo con el menor, dejándole jugar todos los días e incluso comprándole elementos para que pueda seguir jugando"

Junto a estos hechos, la madre también alegaba una falta de responsabilidad del padre sobre el seguimiento escolar de su hijo y en su asistencia sanitaria.

Estos factores han conllevado a que la Audiencia Provincial de Pontevedra acuerde la modificación del régimen de custodia del menor, pasando de la compartida a una exclusiva en favor de la madre, fijando un régimen de visitas para el padre, fundamentando esta decisión en ser lo más aconsejable para el interés superior del menor.

"Es evidente que, en el presente caso, el régimen de custodia compartida ha fracasado y debe cambiarse el mismo por una custodia monoparental a favor de la madre con un amplio régimen de visitas hacia el padre".

(Fuente IBERLEY)

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El Fisco enviará avisos a 400.000 caseros para 'recomendarles' declarar el alquiler en la Renta07/04/2021

El Fisco enviará avisos a 400.000 caseros para 'recomendarles' declarar el alquiler en la Renta

442.000 españoles ya han rendido cuentas al Fisco y han presentado la declaración de la Renta cuyo plazo arrancó la pasada madrugada en la web y se prolongará hasta el próximo 30 de junio, sucediéndose entre medias la atención telefónica –que comenzará el 6 de mayo, pudiéndose pedir cita desde el 4– y la presencial –que empieza el 2 de junio–. Pero la actual campaña no es una más, y viene marcada por los 3,5 millones de contribuyentes que pasaron en 2020 por un ERTE y ahora tendrán que rendir cuentas al Fisco, incluyendo a 327.000 que el año pasado no presentaron la declaración por no llegar al umbral de ingresos mínimo. A ello se le suman los «varios docenas de miles» de contribuyentes que han recibido pagos indebidos de ERTE por errores del SEPE, en palabras del director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón0, quien ha presentado la campaña esta mañana.

Con esta casuística, Hacienda recogerá una cifra récord de declaraciones, con 21,57 millones (un 2,1% más frente a 2020), de las que 5.690.000 serán a pagar (un 5,7% más) y 14.330.000 a devolver (-1%), a lo que se añaden 1.280.000 declaraciones negativas (un 26,9% más). De esta forma, Hacienda ingresará 2.119 millones de euros (583 más que el año pasado, un 37% más) ya que pagará 10.857 millones (un 3% menos que en 2019) y recibirá 12.976 millones (un 2% más).

Ello es así, ha señalado el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, por el efecto de los ERTE, el menor peso de las deducciones y un «uso intensivo de impuestos negativos» por la caída de rentas acaecida durante la crisis. En cuanto al Impuesto de Patrimonio, Hacienda prevé que los ingresos tributarios aumenten un 1% de 1.227 millones a 1.239 mientras que el número de declarantes se incrementó de 215.351 a 218.596.

¿Hacienda enviará avisos para la declaración de la Renta?

Sí. Hacienda enviará avisos a 14.800 contribuyentes para 'aconsejarles' a declarar criptomonedas. También hará lo propio con 961.000 ciudadanos con rentas en el extranjero y 400.000 arrendadores, a los que 'avisará' para que tributen por el alquiler. Asimismo, remitirá cartas y avisos a los empleados en ERTE y los más de 460.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que deben hacer la declaración obligatoriamente aunque no tengan que tributar en la mayor parte de los casos.

¿Cambia el número de pagadores?

Si ha estado en un ERTE y trabajando algún periodo del año, sí. Si ha recibido prestación por esta situación, el número de pagadores pasa de uno a dos: su empresa y el Servicio Público de Empleo (SEPE). Unos 327.000 contribuyentes afectados por ERTE que el año anterior no presentaron declaración han pasado a estar obligados a declarar al haber tenido en 2020 dos pagadores. Si se han recibido ingresos de dos fuentes distintas, el umbral mínimo de ingresos que obliga a presentar la declaración baja de 22.000 a 14.000 euros siempre que se hayan obtenido más de 1.500 euros del segundo pagador. La Agencia Tributaria reforzará la asistencia personalizada para facilitar la presentación de la declaración y la resolución de dudas que lo necesiten. Aquellos trabajadores en ERTE que tengan que hacer la declaración de la Renta, tendrán que tributar ahora por unas cantidades que el año pasado no sufrieron retención de IRPF.

¿Cuándo hay que pagar si he estado en ERTE?

Hacienda ha publicado esta mañana una orden ministerial en el BOE en la que aprueba que los empleados en ERTE podrán pagar el IRPF de las prestaciones en varios plazos. En concreto, en seis, desde el 20 de julio de 2021 hasta el 20 de diciembre, sin intereses de demora. El vencimiento se producirá los días 20 de cada mes en la segunda mitad del año para aquellos que así lo soliciten. Por ejemplo, un contribuyente que debe 300 euros de IRPF por la prestación de ERTE, tendrá que pagar 50 euros al mes empezando el 20 de julio y acabando el 20 de diciembre.

¿Deberé pagar más IRPF si el SEPE me ha pagado un ERTE de más por error?

Según el caso. Si ha abonado el importe pagado de forma errónea por el SEPE o conoce el importe, aunque no haya devuelto la cantidad aún ni haya recibido notificación alguna, Gascón ha señalado que no tendrá que pagar de más. «Si el perceptor conoce el 'deber ser' se debe declarar conforme al 'deber ser'. No tiene que pagar de más en la declaración de IRPF, esperarse al reintegro y presentar una autoliquidación y que se lo volvamos a reembolsar», ha aseverado. Precisamente, para los que no conozcan el importe, deberán hacer la declaración y tributar de más, para después, una vez arreglado, solicitar al Fisco una rectificación de la declaración para recuperar lo abonado de más a Hacienda. La Agencia Tributaria va actualizando los datos fiscales de los contribuyentes según se lo comunica el SEPE, así que puede consultar si Hacienda ya tiene los datos de su caso.

¿Cómo afecta a los contribuyentes en módulos el estado de alarma?

En módulos no se computarán como periodo de actividad los días en que estuvo declarado el primer estado de alarma (99 días). Tampoco se tendrán en cuenta los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente. Si el contribuyente consigna un número de días superior a 267 (366 días de 2020 menos los 99 del estado de alarma), la aplicación genera error que impide seguir adelante. Tampoco se computarán como horas trabajadas, distancia recorrida o consumo de energía los correspondientes al periodo del estado de alarma, en los últimos dos casos, de forma proporcional.

(Fuente ABC)

ADVOCATI ABOGADOS es un despacho multidisciplinar fundado en 1993 cuyo objetivo es el asesoramiento de empresas y particulares, incluyendo la defensa judicial en todo tipo de materias. Si tiene algún problema legal no dude en consultarnos.

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Ley 2/2021: modificación de medidas extraordinarias y complementarias en el ámbito social y económico31/03/2021

Ley 2/2021: modificación de medidas extraordinarias y complementarias en el ámbito social y económico

Nuevas medidas urgentes de prevención, contención y coordinación ante el COVID-19 en el ámbito mercantil.

Aunque la nueva Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, tiene como objetivo principal, garantizar la eficaz gestión de la emergencia sanitaria y contener la propagación de la enfermedad, también acomete la modificación de aspectos referidos a la celebración de juntas telemáticas y a la resolución de contratos suscritos por consumidores.

La disposición final cuarta modifica el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con la finalidad de extender la posibilidad de que, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones, puedan celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple y así también que sus acuerdos puedan adoptarse por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano.

En este sentido, esta medida es coherente con la configuración de la nueva situación, siendo aconsejable que el tránsito al tráfico jurídico y social ordinario se acompañe de las máximas precauciones entre las que sin duda se encuentra la de evitar reuniones y aglomeraciones de múltiples personas en espacios reducidos.

Medidas para las sociedades anónimas

Hasta el 31 de diciembre de 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las sociedades anónimas, podrán prever en la convocatoria de la junta general:

•    La asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas.

•    La celebración de la junta:

  • en cualquier lugar del territorio nacional.
  • por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: asistencia telemática; representación conferida al presidente de la Junta por medíos de comunicación a distancia y voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.

Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.

Medidas para las sociedades de responsabilidad limitada, comanditaria por acciones, asociaciones, sociedades civiles, sociedades cooperativas y el patronato de las fundaciones

Las sociedades de responsabilidad limitada, comanditaria por acciones, asociaciones, sociedades civiles, sociedades cooperativas y el patronato de las fundaciones podrán:

•    Celebrar la junta general y las sesiones de los órganos de administración, las comisiones delegadas y demás comisiones obligatorias o voluntarias por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen, y, en su caso, los administradores dispongan de los medios necesarios, el secretario reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes.

•    Adoptar los acuerdos de los órganos de administración mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente o, al menos, dos de los miembros del órgano.

•    Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.

Consumidores

La disposición final quinta modifica el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, relativo al derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios, con el fin de extender la aplicación del artículo 36.1 a aquellos contratos que puedan resultar de imposible ejecución como consecuencia de las medidas impuestas por las diferentes administraciones durante las fases de desescalada o nueva normalidad, una vez que haya dejado de estar vigente el estado de alarma decretado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Asimismo, con posterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con fecha 13 de mayo de 2020 la Comisión Europea emitió la Recomendación (UE) 2020/648, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19, resultando preciso adaptar el apartado 4 del artículo 36 de dicho Real Decreto-ley al contenido de la Recomendación. A tales efectos, se modifica este artículo en un doble sentido:

•    Para circunscribir la posibilidad de emisión de los bonos a la aceptación voluntaria con carácter previo por parte del pasajero o viajero y,

•    Para establecer el plazo automático de 14 días para el reembolso del importe del bono a la finalización de su periodo de validez, si este no ha sido canjeado.

Finalmente, se deroga el artículo 37 del citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por coherencia con la mayor flexibilización en materia de juego establecida durante las fases II y III del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad.

(Fuente NOTICIAS JURÍDICAS)

ADVOCATI ABOGADOS es un despacho multidisciplinar fundado en 1993 cuyo objetivo es el asesoramiento de empresas y particulares, incluyendo la defensa judicial en todo tipo de materias. Si tiene algún problema legal no dude en consultarnos.

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